Hoy, la Comisión de Cultura presentará al pleno de la Cámara de Diputados tres iniciativas con proyecto de decreto para hacer reformas y adiciones a varios artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que tienen que ver con el patrimonio subacuático, el derecho de audiencia y que hace modificaciones a “las sanciones” para quien violente el patrimonio nacional.
Estas iniciativas que proponen modificar el capítulo VI “De las sanciones”; los artículos 5°, 5° Bis y 5° Ter, referentes a las declaratorias de patrimonio; y el artículo 28 Ter, para preservar el patrimonio subacuático, se suman a las más de 15 propuestas de reforma que a los largo de 39 años de historia ha intentado hacerle el Legislativo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que data de 1972, del gobierno de Luis Echeverría.
El antropólogo Bolfy Cottom, quien es experto en patrimonio y legislación cultural, asegura que en lo que va de la historia de las “ocurrencias legislativas planteadas, me parece que éstas son de las iniciativas más razonables que se han presentado hasta el momento, salvo algunos matices, como por ejemplo en el derecho de audiencia que no es nuevo”.
Una de las tres iniciativas que fueron presentadas, en conferencia, por los diputados Kenia López (presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara), Armando Báez y Norma Ortíz -en representación de Ana Luz Lobato-, busca incorporar a la Ley el concepto de patrimonio subacuático. Sobre esa iniciativa, Baez dijo que la propuesta es adicionar un artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos “a fin de incorporar acorde a la Convención para la protección del patrimonio cultural subacuático de la Nación en las dimensiones jurídicas internacionales y considerar las características que dispone la Convención para la protección del patrimonio cultural sumergido de la UNESCO”.
Sobre esa propuesta, Cottom dijo que lo que realmente hacía falta era incorporar una especificación en la Ley. “Me parece que el artículo 36 de la Ley de Monumentos debería de contener que los monumentos artísticos también son el patrimonio protegido”. Su temor es que si se empiezan a particularizar tipos de patrimonio, como el subacuático, luego se haga con el urbanístico o el edificado.
Actualizar las penas
La diputada Kenia López Rabadán destacó la necesidad de reformar y adicionar los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55 de la Ley, que están dentro del capítulo VI “De las sanciones”, porque buscan regular multas a quienes atenten contra el patrimonio, y para prevenir y sancionar el robo y la falsificación de piezas de arte.
Dijo además que hay un desfase entre lo que la Ley plasma en términos de sanciones y la realidad. La propuesta es establecer un rango mínimo y un rango máximo de penas corporales y también actualizar las sanciones económicas a quienes atenten contra este patrimonio.
Por ejemplo, citó que para el Artículo 47 se propone que a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, sin autorización del INAH, se le impondrá prisión de tres a 10 años y una multa de 100 a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; contrario a las sanciones que privan actualmente que es prisión de uno a 10 años y multa de $100 a $10 mil.
Bolfy Cottom dice que había que actualizar esas sanciones, tal como lo hacen en términos de salarios y de endurecimiento de penas; sin embargo, alerta sobre tener cuidado en hacerlo con base en una discusión. “No me parece mal que se atienda y se actualice, reconozco que la Ley tenía que actualizarse y endurecerse, pero los criterios deben ser sumamente objetivos”.
La tercera de las iniciativas tiene que ver con el derecho de audiencia de los particulares ante una posible declaratoria de su casa como patrimonio artístico por el INAH. Ante eso, Bolfy Cottom expresó que es un asunto que desde hacía tiempo había establecido el Poder Judicial “dado que había declarado en varias ocasiones de que la ley de Monumentos era inconstitucional en ese aspecto de que no contemplaba una garantía de audiencia en particular”.
La diputada Kenia López Rabadán confía en que estas reformas y adiciones sean aprobadas en el actual periodo legislativo, pues nacen a iniciativa de todos los partidos políticos, no de una sola fracción; es una propuesta consensada y discutida desde hace más de cinco meses.
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