Aprueba la Comisión de Gobernación Diez Dictámenes en su Reunión Plenaria

Avala también su Plan Anual de Trabajo y dos informes semestrales

Se conformarán grupos de trabajo para abatir rezago legislativo.

Se rechaza proyecto de reforma política enviado por la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta que  lo avalen todos los integrantes de la misma.

Fuente: http://chihuahuadigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:aprueba-la-comision-de-gobernacion-diez-dictamenes-en-su-reunion-plenaria&catid=19:politica&Itemid=21

El Pleno de la Comisión de Gobernación aprobó en su décima primera reunión, en su mayoría por unanimidad, seis dictámenes en sentido positivo de reformas y adiciones a diversas leyes vinculadas a temas como Seguridad Nacional y Seguridad Pública, Registro Público Vehicular, Ley General de Población, Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevención y erradicación del consumo excesivo de alcohol y conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Además, aprobó en sentido negativo cuatro dictámenes de reformas y adiciones a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social; Ley General de Población; Ley Federal de Radio y Televisión; así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se retiraron para una más amplia discusión tres dictámenes relacionados con reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

Además, las diputadas y diputados que integran la Comisión de Gobernación aprobaron por unanimidad el Plan Anual de Trabajo correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo de la LXI Legislatura; así como también los informes semestrales correspondientes  los meses de septiembre de 2010 a febrero de 2011 y marzo  a agosto de 2011.

Como parte del orden del día, también se aprobaron un paquete de permisos constitucionales en beneficio de 30 personas para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en embajada de diversos países en México.

En relación al proyecto de dictamen de la reforma política que la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales le hizo llegar a su homóloga de la Comisión de Gobernación, el pleno de ésta última decidió que no discutirá dicho proyecto de dictamen hasta que todas y todos los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales lo discutan y aprueben.

Finalmente, se formaron grupos de trabajo para analizar y dictaminar minutas e iniciativas consideradas prioritarias, entre las que destacan las que reforman, adicionan y derogan la Ley General de Protección Civil; la que expide la Ley Federal de Archivos; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.; la que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; Derecho de Réplica; de Publicidad Gubernamental y la Ley General de Población ésta última sobre el tema de Cédula de Identidad Ciudadana

Académicos pierden pista entre archivistas locales

Por Adrián García Cortés
Fuente: http://lacronicadesinaloa.blogspot.com/
20/07/11

El 9 de junio en el Archivo General Histórico del Estado se efectuó un acto conmemorativo del Día Internacional de los Archivos, instituido por la UNESCO en 1948. Celebración que busca promover la importancia de los archivos como instituciones al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia. Muchos los invitados, poco los escogidos –como reza el evangelio— asistieron a una breve exposición de documentos que por sí mismos revelan su importancia para la memoria colectiva. Pero más que la exposición y los pronunciamientos por esta actividad, tan poco apreciada en las instancias públicas, sociales, empresariales y aun eclesiásticas de Sinaloa, lo relevante del acto fue la decisión colectiva de hacer una declaración abierta en pos del dictado de una Ley Estatal de Archivos, cuya ausencia tiene a esta tarea en la mayor de las inopias.


Ley Federal de Archivos, los Estados van lentos


Cierto es que a nivel federal, los archivos han sido elevados a rango constitucional, de una parte haciendo obligatorio de los tres poderes –federal, estatal y municipal-- su guarda y ordenación, y de obra conminando a los sujetos obligados a trabajar por su digitalización y su inclusión en la consulta informática.

Si bien la respuesta en la mayoría de la entidades de la República ha sido lenta, en Sinaloa se ha carecido de un interés institucional, debido a dos rezagos extenuantes: la ausencia de un interés del sector político, en virtud de que los archivos no ofrecen abierta e inmediatamente dividendos electorales; y, por supuesto, la no inclusión en los presupuestos públicos de partidas especiales para apoyar lo que da sustento documental a la memoria y la identidad históricas. Ello obstante que, en el discurso oficial se pregona el rescate de los valores humanos y sociales de la gestión archivística. Sólo en ocasiones, cuando éstos puedan ser usados como herramientas políticas de intereses trienales y sexenales, se le ha apoyado, sin continuidad alguna.


Sujetos obligados por la Constitución republicana


Para mayor formalidad de esta prescripción constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Archivos, aplicable, por supuesto, al Poder Ejecutivo, pero abriendo puertas técnicas, académicas y de participación de los demás poderes de la Unión. No sería honesto festinar ni mostrar como paradigma de perfección esta ley, pero sí enaltecer que en ella participaron los sectores involucrados, así historiadores, archivistas e informadores públicos, de donde viene la oportunidad de un desglose que contribuya a la expedición de la Ley Estatal que tanto se necesita.

Por supuesto, la ley hace énfasis en quienes deban operar los archivos y, sobre todo, quienes han de asumir la responsabilidad de conducirlos, requiriéndoles la capacidad técnica, intelectual, experiencial y solidez ética para ejercerla. Es decir, no cualquiera que se diga archivista, o porque haya sido empleado temporal de una causa como ésta, cumple el perfil con que los archivos deban dirigirse, así sean históricos o de trámite.

Entre tanto, aquí en Culiacán, al tiempo que se atisbada la oportunidad de apoyar la Ley de Archivos, un grupo de académicos maestros de la Facultad de Historia de la UAS, encabezados por su director Gustavo Aguilar Aguilar, hacía declaraciones públicas pidiendo "a soto voce" la cabeza del director de Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, para recomendar un candidato de su elección sin que haya ley que al respecto les encomiende tal oficio.


Ocho académicos desgastan sabiduría en acto dudoso


Los firmantes fueron doctores: Félix Brito Rodríguez, Eduardo Frías Sarmiento, Rigoberto Rodríguez Benítez, Sergio Arturo Sánchez Parra, Alfonso Martínez Barrera, y los maestros en ciencias Alfonso Mercado Gómez y Matías Lazcano Armienta. Dígase que se trata de un grupo de excelencia que le ha dado a la Facultad presencia y prestigio nacional; que ha trabajado con denuedo por rescatar, esclarecer y divulgar la historia de Sinaloa, aunque poco se les conoce de trabajo archivístico.


Honor, a quien honor merece. No se trata de especular si tal candidato es mejor o cumple los objetivos del puesto, que nadie, que se sepa, ha convocado para suceder al actual y llamar a elección de uno nuevo, en lo que historiadores, archivistas e informadores públicos deberán argumentar conveniencias y beneficios.


¿No sería mejor ocuparse de la Ley de Archivos?


Lo lamentable es que el grupo, con tan alta prosapia en que se les tiene, se desgaste en posiciones de poder, cuando ni siquiera han opinado en la urgencias de respaldar sus investigaciones con los archivos ni mucho menos en proponer que a la brevedad se dicte la consabida Ley que Sinaloa tanto necesita.


Lo propio, lo laudable sería que el ilustre parnaso de la historia sinaloense, sumara acciones y esfuerzos para apoyar al Ejecutivo del Estado para que el Congreso local analice, consulte y emita la susodicha ley.
Porque una Ley de Archivos en nuestro Estado tiene que redactarse de manera general para todos los actores y emisores de documentos, fijando responsabilidades, normas comunes y, particularmente, apoyando, al menos con la facultad de reunir o gestionar recursos para que en cada espacio público se cumplan los objetivos de informar con transparencia, credibilidad y oportunidad.


Si sólo nos asomáramos a los archivos municipales, ya tendríamos motivos para una cruzada estatal, institucional y académica para su rescate o formación a partir de los expedientes en trámite que son, en primera instancia, los que nutren a los archivos históricos, y hoy día los que más problemas generan para el acceso a la información pública.

Si, como fueron en lo uno, lo son en lo otro, dice un viejo dicho popular; queda abierta la oportunidad para que el grupo haga una breve pausa catártica y con las mismas ganas con que pagaron el desplegado e iguales recursos –si son más, tanto mejor--, publiquen un pronunciamiento para que a la mayor brevedad se dicte la Ley de Archivos.

IFAI pide autonomía para Archivo General

México D.F., a 27 de junio de 2010

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/notas/690742.html

Resaltan la urgencia de organizarles para evitar la destrucción, ocultamiento, o utilización de la información por falta de controles

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) pidió al gobierno federal otorgarle una mayor "autonomía" al Archivo General de la Nación (AGN), lo que se traduciría en mejores instrumentos para la formulación de políticas para la conservación y administración de los documentos históricos que contiene.

La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, resaltó la urgencia de organizar los archivos de la Administración Pública Federal, para evitar "la destrucción, ocultamiento o utilización de la información por falta de controles".

La comisionada presidenta insistió también en impulsar una Ley Federal de Archivos que establezca obligaciones claras para servidores públicos, tanto para evitar el uso discrecional de la información como para garantizar que, cuando dejen su encargo, se conserven debidamente los documentos que estuvieron bajo su custodia.

Una legislación que, precisó, señale el deber de los sujetos obligados de contar con una coordinación de archivos que establezca instrumentos de control y consulta e incluya sanciones por violaciones en la instrumentación de la ley.

Al respecto, señaló que junto con la directora del AGN, Aurora Gómez Galvarriato, el IFAI está empeñado en reformar una minuta de Ley de Archivos que se encuentra en el Senado, por considerar que es una propuesta ineficiente.

Durante su participación en el foro "Los retos del AGN ante la consolidación democrática", Peschard destacó el otorgamiento de una autonomía pues, el objetivo es organizar los archivos administrativos, no sólo para garantizar el derecho de acceso, sino para administrar eficientemente la información que generan y reciben las dependencias y entidades, a fin de mejorar la calidad de los procesos de decisión.

Destacó la importancia para una nación de contar con archivos bien organizados, que permitan un pleno ejercicio del acceso a la información, pues "es un factor fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia".

Subrayó que los niveles de información de una población guardan una relación positiva y directamente proporcional con los niveles de consolidación de los regímenes democráticos.

"Al ser la información la llave para el ejercicio de todo tipo de derechos, se pueden ejercer a plenitud las libertades como la de asociación, la de expresión y la del ejercicio del voto, entre otros", dijo.

Es el Archivo Municipal de los mejores del país

 Vanguardia

16-Marzo-2011

Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/eselarchivomunicipaldelosmejoresdelpais-675154.html

El Archivo Municipal de Saltillo contó con la visita de la doctora Aurora Gómez Galvarriato Freer, directora del Archivo General de la Nación,

Saltillo. Quien estuvo en la ciudad para conocer los diversos fondos documentales albergados en esta histórica institución, además de compartir su experiencia como dirigente del máximo organismo de la archivística en México.

Patricia Gutiérrez Manzur, directora del Archivo Municipal de Saltillo, a nombre del alcalde Jericó Abramo Masso, ofreció un recorrido a la titular nacional en el que mostró, de la misma forma en que se realizan las visitas guiadas a los grupos escolares, algunos de los documentos históricos, fotografías, planos, revistas, periódicos y libros de antaño con los que cuenta el Archivo.

En esta presentación, la titular observó los procesos internos bajo los cuales funciona cotidianamente la institución, así como las mejoras en los sistemas de trabajo que han permitido optimizar las labores y los servicios que presta el Archivo Municipal.

La directora de la institución nacional realizó una donación a la biblioteca del Archivo Municipal, misma que incluye un par de libros sobre historiografía, así como tres discos compactos con publicaciones editadas por el Archivo General de la Nación desde 1930 hasta el 2010, los cuales engrandecerán la Hemeroteca con la que cuenta el histórico edificio.

Durante su estancia, la doctora Gómez Galvarriato Freer afirmó que el Archivo Municipal de Saltillo se puede colocar en los primeros lugares nacionales en cuanto a organización y desempeño se refiere pues dedica innumerables esfuerzos en dar a conocer a la ciudadanía lo que tiene para ofrecer.

“Considero que los programas de divulgación que han sido realizados por esta institución son acertados para el fortalecimiento archivístico e histórico en la localidad”, comentó la directora del Archivo General de la Nación.

La comisión enteró a diputados actuales sobre las carencias en registros documentales

Iván Rodríguez/ Pulso

Fuente http://www.pulsoslp.com.mx/Noticias.aspx?Nota=6112

Desde el año pasado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), reveló el desorden en los archivos físicos del Congreso del Estado, que se evidenció con el extravío de expedientes sobre juicios de responsabilidades administrativas a varios ex funcionarios municipales. En el Congreso aseguraron que ya se han dado a la tarea de buscar dicha documentación.

Según la investigación sobre el Estado de los Archivos Públicos en la Entidad que publicó la CEGAIP y entregó a la actual Legislatura, se detectó que el Congreso guardaba archivos históricos que datan de 1881 en buen estado de conservación y sin amenaza de riesgo.

No obstante, encontró que los documentos carecían “de clasificación archivística que facilitara la localización de los documentos, se encontró un ventilador que expone de manera directa los documentos al viento, esa área presenta humedad, asimismo algunos archivos se encuentran atados con cuerda”.

Para el diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional, Xavier Azuara, es lamentable que hasta la fecha no haya un archivo físico de fácil consulta, situación que reveló luego de que la anterior Legislatura no entregó expedientes de procedimientos administrativos que se les seguían a ex funcionarios de los municipios de Soledad, Villa Hidalgo y Tamazunchale.

Al respecto, el contralor Interno de Congreso, Raymundo Ramírez Urbina, la investigación para localizar esos documentos está abierta y los asesores se han dado a la tarea de buscar la documentación que permita dar seguimientos a los procedimientos que llevaban los ex diputados.

Evaden culpa sobre expedientes perdidos

SITE: http://www.pulsoslp.com.mx/

FECHA: 09/03/2011

AUTOR: Everardo Hernández/

Ex diputados integrantes de las comisiones encargadas de los juicios políticos a ex funcionarios, cuyos expedientes se extraviaron, se deslindaron de la responsabilidad de la pérdida, culpando incluso a los asesores legislativos de la misma.

Guadalupe Castro Almanza, representante del PRD, dijo que la responsabilidad recae en quienes presidieron las comisiones “porque a mí ni copias me dieron”.

Por su parte, la también perredista y ex titular de la Comisión Jurisdiccional, Guadalupe Almaguer Pardo, y otro de los aludidos Oscar Alejandro Vera, culparon a los asesores.

Castro Almanza dijo que la responsabilidad es de quienes fueron presidentes de las comisiones, “porque ellos jamás turnaban alguna copia y eso está asentado, porque no es posible que nos involucren a todos”.

A su vez, Alejandro Vera Noyola, de Conciencia Popular, dijo que el responsable principal de todos los expedientes es el presidente de la comisión “en este caso yo no presidía ninguna de ellas, pero se debe ver con Esther Angélica Martínez, Guadalupe Almaguer y el diputado Raúl Paulín principalmente”.

Por su parte, Almaguer Pardo dijo que no sabía de este tema, pero “yo soy la menos indicada para que me pregunten, pues yo hasta fui golpeada por la gente de Roberto Cervantes, yo no tengo ninguna razón para proteger delincuentes”.

El hecho de que haya presidido una comisión no quiere decir que se haya llevado los expedientes a su casa; otra cosa, el Congreso del Estado tiene un contralor que debe saber dónde están los expedientes y archivos de los municipios.

¿También tenemos derecho a no saber?

Por Susana Zavala Orozco*
Coordinadora de la Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos A.C.
Fuente http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle13462.html
09-marzo-2011

Este 2011 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cumplirá 9 años de haberse promulgado. También estaremos conmemorando el primer aniversario de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.

A nivel federal ya son más de 240 las dependencias gubernamentales y organismos descentralizados que están obligados a responder cualquier cuestionamiento que se haga sobre su ejercicio y se cuentan por millones las empresas privadas que deberán custodiar debidamente los datos personales que obtengan de sus usuarios o clientes.

Contamos con un sistema electrónico como el INFOMEX que nos facilita la tarea de acudir a las instancias obligadas para poder tramitar una solicitud de información. Y por si fuera poco tenemos un órgano garante como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que hace las veces del abogado del ciudadano cuando hay inconformidades con las respuestas o negativas de los sujetos obligados.

Pareciera, a casi una década, que los engranes de la transparencia, se aceitan y van en marcha; algunos opinan que tiene retrocesos, otros que los logros actuales son insuficientes, hay quienes celebran sus avances y algunos más están totalmente escépticos. Lo cierto es que hoy por hoy cada vez es más recurrente escuchar sobre este derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos y que es el derecho a saber.

Desde hace 8 años, se instauró en todo el mundo el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho a Saber y el 28 de enero se destinó para la Protección de Datos.

La ley mexicana, como en todo el mundo, contemplan excepciones para acceder a información, dándole el carácter de confidencial o reservada aduciendo razones de seguridad nacional, daño a la estabilidad financiera, menoscabo en las relaciones internacionales, protección de datos personales o aquella que ponga en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier persona, entre otras.

En esta ocasión nos ocupa un tema que empieza a levantar polvo y que pareciera contradictorio a todos los esfuerzos que hasta ahora en México, y en otras partes del mundo, se han conseguido.

¿Acaso entre los derechos más elementales debe contemplarse y protegerse también el derecho a no saber?

¿Cómo puede ser que alguien no quiera saber? ¿Que renuncie a ser informado?

Pues sí, países como España, Uruguay y Alemania ya han legislado sobre el derecho a no saber. Este derecho básicamente legisla en materia de salud específicamente en medicina genómica, protegiendo así la intimidad sobre la condición genética de los individuos.

Un caso de los más conocidos en esta materia fue el de la corredora sudafricana Mokgdi Caster Semenya, quien fue obligada a someterse a un examen de “verificación de género”, tras ganar la final del Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en 2009, debido a las sospechas de algunas de las corredoras sobre su verdadero sexo.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) procedió a realizar las pruebas que demostraron anomalías cromosómicas concluyendo que era hermafrodita.

Un diario inglés publicó los resultados de sus pruebas médicas por lo que la atleta tuvo que retirarse un año, mientras concluían las discusiones sobre su condición.

Finalmente la IAAF aceptó el dictamen de un grupo de médicos que no encontraban objeciones para que Caster Semenya corriera en las categorías femeniles. Actualmente se prepara para su posible participación en los próximos Juegos Olímpicos en Londres.

Este debate trajo el tema sobre si los atletas como Semenya podían reclamar su derecho a no saber y que se reconociera su privacidad genética pues la descalificaron injustamente, fue víctima de discriminación y aislamiento social y tuvo una grave crisis de identidad. Los expertos señalan que la “verificación de género” en el deporte debe ser abolida definitivamente.

En esta materia también se escucha hablar si debemos ejercer nuestro derecho a no ser informado sobre las enfermedades genéticas a las que estamos predispuestos debido a la angustia y perturbaciones que pudiera originar el conocimiento de esto.

Sin duda, este tópico será motivo de controversias y debates una vez que entre en plenas funciones el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) aunque ya se encuentra en operaciones desde hace varios años. En nuestras manos estará vigilar que sus motivaciones estén encaminadas al bienestar de la salud de los mexicanos, aprovechando todo el potencial de la medicina genómica en sus modalidades de prevención y predicción y no como instrumento de discriminación como en el caso de la atleta sudafricana.

También hay otros casos que sacan a colación el derecho a no saber como por ejemplo renuncian a saber sobre la vida pasada de familiares sobre todo en casos donde el pariente en cuestión fue miembro de algún grupo disidente. En México ya ha habido pronunciamientos al respecto pero este será un tema que trataremos en otra oportunidad.

¡Nos leemos el próximo miércoles! *Licenciada en Comunicación por la UNAM. Perito certificado en Grafoscopía y Documentoscopía por el Centro Superior de Estudios Periciales. Cuenta con diversos diplomados en Archivística y Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Inauguran Archivo Parroquial de Jalisco

ES EL PRIMERO EN EL ESTADO

El Occidental

1 de marzo de 2011

Raymundo Díaz Águila

Lagos de Moreno, Jalisco (OEM-Informex).- El alcalde José Brizuela López cortó el listón inaugural del que es el primer Archivo Histórico Parroquial de Jalisco, el cual contiene más de un millón de manuscritos antiguos que datan desde 1583, esto en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

El primer edil José Brizuela López y autoridades asistentes fueron testigos de la exposición "Una ventana a la historia virreinal de Lagos de Moreno y la Región". Durante el evento inaugural el primer edil externó el orgullo de que este municipio nuevamente se vea favorecido por lograr mostrar la historia que formó a los laguenses. "Esta muestra de que vamos a poder seguir trabajando de la mano y que vamos a poder ayudarle como Ayuntamiento de Lagos de Moreno, ya tenemos el museo de arte sacro donde se puso toda la voluntad por parte de ustedes, de que los laguenses y sus visitantes conozcan la historia que se ha tenido en la zona, sobre la historia de la religión, son esculturas, cuadros, libros, que por muchos años se guardaban muy celosamente y que de una forma muy voluntaria y ganas de que los laguenses conozcan la historia de su lugar y se está poniendo la primera piedra de lo mucho que se puede hacer en Lagos de Moreno y con ese compromiso de la autoridad municipal de apoyar", dijo.

Brizuela López hizo referencia a que Lagos de Moreno por segunda ocasión se convierte en ser el primero en tener un Museo de Arte Sacro y ahora un Archivo Histórico Parroquial. Por su parte el señor cura Emiliano Valadez dijo que esto permitirá tener un espacio digno para la búsqueda de la información y que nos haga patentes de nuestra historia: "Nos alegramos por este tesoro monumental de Lagos de Moreno y de sus alrededores, que los miles de documentos de este archivo relaten la vida de nuestros antepasados, en verdad es tesoro precioso porque es vida, vida que respetamos, guardamos, defendemos y amamos", mencionó.

El titular de Archivo Histórico Público del estado de Jalisco, Carlos Bernardo Guzmán, agradeció a las distinguidas autoridades en materia archivística y cronistas jaliscienses. "Nos complace dar fe de este gran esfuerzo y sobre todo nos inspira en seguir trabajando fuerte en materia archivista en Jalisco, lo que hoy hacen en la parroquia de la Asunción, sin lugar a dudas, tendrá que ser un ejemplo que ojalá sea replicado hasta el último rincón del estado de Jalisco, esto abrirá la oportunidad a los ciudadanos y amantes de la historia de tener un espacio digno para la búsqueda de información y que nos haga patentes a toda la comunidad de Lagos de Moreno".

Impulsa la capacitación en Archivonomía

EMSA Noticias

San Luís Potosí

Martes, 1 de Marzo de 2011

4:15:12 PM

La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado impulsa la capacitación en Archivonomía, con el propósito de lograr que los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, custodien, organicen, clasifiquen y se cataloguen conforme a lo dispuesto por el Archivo General de la Nación y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Oficialía Mayor del Ejecutivo, lleva a cabo varios cursos de capacitación denominados Archivonomía.

En estos cursos ha participado personal de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con la intención de cumplir con los ordenamientos aplicables establecidos en el calendario institucional, el cual contempla la organización, elaboración de guías simples e inventarios generales de los archivos.

Lo anterior lo dio a conocer el Oficial Mayor del gobierno estatal, José Francisco Carrera Martell, quien agregó que con estas asignaturas, el personal recibe los conocimientos sobre glosario de términos archivistas, identificación, clasificación y categorización de datos, lecturas de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos, catálogo de disposición documental, elaboración de inventario general por expedientes, información generada, obtenida, términos de prescripción legal, entre otros temas.

Asimismo, manifestó el funcionario que estos cursos tienen una duración de 20 horas dividida en 10 sesiones de dos horas, cuya participación son de todas las dependencias y entidades.

Con estos cursos se conocieron un conjunto de métodos, leyes o normas de archivística para la conservación de expedientes y documentos, que les permita facilitar y controlar su uso y destino final, así como permitir la adecuada conformación del archivo gubernamental, incluyendo la clasificación, ordenación, inventario, principio de procedencia e identificación de las series documentales, además de ubicar los lineamientos generales para la organización y conservación.

De esta manera finalizó el Oficial Mayor, que en lo que va de la presente administración se ha trabajado intensamente para el establecimiento de las normas de archivística que permitirá la preservación de expedientes y documentos de todas las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo del Estado.

 

Mayores sanciones a quienes atenten contra el patrimonio

Fuente:http://www.eluniversal.com.mx/cultura/66367.html

Hoy, la Comisión de Cultura presentará al pleno de la Cámara de Diputados tres iniciativas con proyecto de decreto para hacer reformas y adiciones a varios artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que tienen que ver con el patrimonio subacuático, el derecho de audiencia y que hace modificaciones a “las sanciones” para quien violente el patrimonio nacional.

Estas iniciativas que proponen modificar el capítulo VI “De las sanciones”; los artículos 5°, 5° Bis y 5° Ter, referentes a las declaratorias de patrimonio; y el artículo 28 Ter, para preservar el patrimonio subacuático, se suman a las más de 15 propuestas de reforma que a los largo de 39 años de historia ha intentado hacerle el Legislativo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que data de 1972, del gobierno de Luis Echeverría.

El antropólogo Bolfy Cottom, quien es experto en patrimonio y legislación cultural, asegura que en lo que va de la historia de las “ocurrencias legislativas planteadas, me parece que éstas son de las iniciativas más razonables que se han presentado hasta el momento, salvo algunos matices, como por ejemplo en el derecho de audiencia que no es nuevo”.

Una de las tres iniciativas que fueron presentadas, en conferencia, por los diputados Kenia López (presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara), Armando Báez y Norma Ortíz -en representación de Ana Luz Lobato-, busca incorporar a la Ley el concepto de patrimonio subacuático. Sobre esa iniciativa, Baez dijo que la propuesta es adicionar un artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos “a fin de incorporar acorde a la Convención para la protección del patrimonio cultural subacuático de la Nación en las dimensiones jurídicas internacionales y considerar las características que dispone la Convención para la protección del patrimonio cultural sumergido de la UNESCO”.

Sobre esa propuesta, Cottom dijo que lo que realmente hacía falta era incorporar una especificación en la Ley. “Me parece que el artículo 36 de la Ley de Monumentos debería de contener que los monumentos artísticos también son el patrimonio protegido”. Su temor es que si se empiezan a particularizar tipos de patrimonio, como el subacuático, luego se haga con el urbanístico o el edificado.

Actualizar las penas

La diputada Kenia López Rabadán destacó la necesidad de reformar y adicionar los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55 de la Ley, que están dentro del capítulo VI “De las sanciones”, porque buscan regular multas a quienes atenten contra el patrimonio, y para prevenir y sancionar el robo y la falsificación de piezas de arte.

Dijo además que hay un desfase entre lo que la Ley plasma en términos de sanciones y la realidad. La propuesta es establecer un rango mínimo y un rango máximo de penas corporales y también actualizar las sanciones económicas a quienes atenten contra este patrimonio.

Por ejemplo, citó que para el Artículo 47 se propone que a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, sin autorización del INAH, se le impondrá prisión de tres a 10 años y una multa de 100 a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; contrario a las sanciones que privan actualmente que es prisión de uno a 10 años y multa de $100 a $10 mil.

Bolfy Cottom dice que había que actualizar esas sanciones, tal como lo hacen en términos de salarios y de endurecimiento de penas; sin embargo, alerta sobre tener cuidado en hacerlo con base en una discusión. “No me parece mal que se atienda y se actualice, reconozco que la Ley tenía que actualizarse y endurecerse, pero los criterios deben ser sumamente objetivos”.

La tercera de las iniciativas tiene que ver con el derecho de audiencia de los particulares ante una posible declaratoria de su casa como patrimonio artístico por el INAH. Ante eso, Bolfy Cottom expresó que es un asunto que desde hacía tiempo había establecido el Poder Judicial “dado que había declarado en varias ocasiones de que la ley de Monumentos era inconstitucional en ese aspecto de que no contemplaba una garantía de audiencia en particular”.

La diputada Kenia López Rabadán confía en que estas reformas y adiciones sean aprobadas en el actual periodo legislativo, pues nacen a iniciativa de todos los partidos políticos, no de una sola fracción; es una propuesta consensada y discutida desde hace más de cinco meses.

Avances y rezagos en los archivos públicos, y sin respaldo jurídico

 Fuente: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=716740

MÉXICO. Preva­lece una inercia desespe­rante en­tre los preceptos legales para el acceso a la información y el objetivo de transparentar las cuentas públicas acumu­ladas en los acervos archi­vísticos. Más que imputar desgano a los operadores de tales preceptos, lo que pri­va podría resumirse en tres escollos:

Una incultura generaliza­da, entre quienes determinan el gasto público, hacia un re­conocimiento utilitario de los archivos.

La falta de una aplicación metodológica que, apoyada con los recursos tecnológicos, convierten a la información en una consulta abierta desde el propio recinto del ciuda­dano.

El incumplimiento del precepto constitucional que obliga a la preservación de los acervos archivísticos, y a la necesaria coordinación y de mutuo reconocimiento entre los operadores de la transpa­rencia y el acceso a la informa­ción pública.

Un encuentro para los desencuentros públi­cos
Mucho de ello se vio y comentó durante el Quinto Encuentro de Archivos del Distrito Federal (24 al 25 de agosto) que reunió a 12 insti­tuciones culturales, académi­cas, archivísticas y oficiales, y a no menos de 75 ponentes. Aunque el tema central fue: "Los Archivos, Memoria de los Pueblos, Patrimonio de la Humanidad", centralizado en temas históricos y en par­ticular "El Camino Real de Tierra Adentro", en las dos úl­timas mesas de trabajo, de las quince que se organizaron, la preocupación fue "Las Tecno­logías de la Información en Archivos".

En lo general, lo que se ad­virtió fue una sensación de rezago ocasionada por inno­vaciones políticas, de cam­bios mediáticos e intereses sectoriales que, al olvidar el todo de los problemas, o por desfasarse de la realidad, se legisla con improvisación al­terando el orden lógico de los hechos.
Por ejemplo, en el derecho a la información se olvida que sin archivos organizados no hay eficiencia en la localiza­ción de los expedientes públi­cos, por lo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu­bernamental difícilmente podrá cumplir sus objetivos.

Ante nuevas exigen­cias, letargo e indo­lencia
Lo impertinente es que desde hace más de medio siglo el país y la administra­ción pública cambiaron sin una planeación integral; los archivos se quedaron en un letargo y no fueron adaptados a las nuevas exigencias.
De este modo, los archivos se fueron saturando conver­tidos en bodegas, sin perso­nal capacitado, ni técnicos archivistas de selección y valoración, y mucho menos presupuestos adecuados. Se frenó el servicio archivístico y se generaron áreas de archi­vos muertos. Además, con las modernas tecnologías de pro­ducción y reproducción masi­va de documentos, se provocó otro problema, como fue la explosión documental, ante lo cual fue ya difícil combatir sin las armas correspondientes.

Un ejemplo vivo y activo de esta situación lo es el Ar­chivo General de la Nación (AGN) ahora sometido a un proceso de modernización para la preservación archi­vística y la actualización tec­nológica.

El AGN, candidato a la rectoría nacional
Estudiosos de la materia, como lo son Ramón Aguilera y Jorge Nacif, ambos fundado­res de la Escuela Mexicana de Archivos, al ponderar al AGN como rector de un probable sistema nacional de archivos, han dicho:
"En la era de la transparen­cia y el acceso a la informa­ción pública gubernamental, el liderazgo en la organiza­ción de los archivos de Méxi­co del AGN está sujeto a la ta­rea de asesoría y capacitación que proyecte en los archivos de la administración públi­ca. Debe evitar convertirse en un auditor y si en un ase­sor cuyo objeto sea propiciar el derecho a la información y la rendición de cuentas, acciones que, a cuatro años de la publicación de los Li­neamientos Generales en la materia (DOF 20.02.2004), no se han cumplido en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

"Al querer realizar un aná­lisis sobre el papel y el lide­razgo del AGN –indican- en la era de la transparencia y acceso a la información en México, no podemos dejar de indagar en la problemática que los archivos de las de­pendencias y entidades de la administración pública han tenido que enfrentar, no sólo para cumplir con una ley de transparencia y acceso a la información pública guber­namental, sino para estable­cer una organización interna que no se ha concretado en la realidad".

Depender de Gober­nación es impropio y obsoleto

Los comentaristas repro­chan que el AGN sea una de­pendencia más de la Secreta­ría de Gobernación y no tenga la suficiente autonomía para su funcionamiento ni las de­cisiones que competen a todo el gobierno.

- "Sus obligaciones –aña­den- se encuentran inscritas en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en la sección III, con inicio en el artículo 48.

"Durante 24 años se ha mantenido el deseo de que el AGN pueda convertirse en el líder, en la cabeza rectora de los archivos administrativos e históricos que propicie el derecho a la información y una verdadera rendición de cuentas. Esto no ha sido en­tendido aún entre las autori­dades gubernamentales, ni las de antes ni las de ahora, incluyendo, claro está, a las de la Secretaría de Gobernación, de quien depende el AGN".

La información públi­ca, tragedia archivís­tica

Propiciar y generar los medios para cumplir con el derecho a la información pú­blica consagrado por el art 6° de la Constitución es parte de la esencia misma de un archivo nacional. "Por des­gracia –enfatizan- parecería que ese derecho se convirtió en una tragedia archivística para las dependencias y en­tidades de la Administración Pública Federal a partir del momento en que la Ley Fede­ral de Transparencia y Acce­so a la Información Pública Gubernamental obligó a la organización de los archivos, reaccionando como si fuera una imposición y no una obli­gación, olvidando que mucho antes de que existiera una Ley de Transparencia ya se conta­ba con un marco jurídico en la materia que, al parecer, no se ha respetado en su totalidad".

 
Concluyentes, dicen los citados:
"Podemos observar que una de las causas para que el derecho a la información pública no se cumpla es que la administración pública ha descuidado la verdadera ad­ministración de documentos. Si analizamos el proceso de documentos que se genera en la gestión administrativa y el flujo de papeles que va de un lado a otro por las oficinas, se confirmaría que existe una reproducción irracional de documentos que, a la postre, crean duplicidad de funcio­nes, saturación en el almace­namiento, ineficiencia y gas­tos inútiles (Aguilera y Na­cif)* y evitan la localización expedita de los expedientes, proceso básico para la con­sulta pública en cualquier archivo".

El AGN se remodela y amplía sus horizontes
Ahora bien, ¿cual es por ahora la situación del AGN, y hacia dónde va su remodela­ción y ampliación?

En base a un proyecto re­novador, el AGN ha demolido un edificio contiguo e inicia­do la remodelación de lo que fue el Palacio de Lecumberri.

No dispone de espacio para recibir cerca de 100 km lineales de documentos his­tóricos que actualmente se encuentran en archivos de concentración de la Admi­nistración Pública Federal.

Tampoco dispone de do­cumentos del período poste­rior a 1950.
Miles de millones para gastarse en diez años
Al nuevo edificio para con­servar, restaurar, organizar y administrar los acervos se le asignó una partida original de $1,437,580,120 para el período 2000-2010.

En el 2008 se planeó cons­truir nuevo edificio en el pre­dio adjunto de CONAFRUT por la carretera México-To­luca.

Se halló mejor ubicación en predio contiguo donde se hallaba RENAPO (Registro Nacional de Población).

Un nuevo proyec­to se elaboró en 2009: $1,255,856,778 distribui­dos en: 2009, $298,506,300; 2010, $629,946,382 y 2011, $327,404,096.

Apenas se trabaja en el proyecto ejecutivo
Se trabaja ya en proyec­to ejecutivo con el monto de 2009. Comprende: demoli­ción de RENAPO, restaura­ción del Palacio de Lecum­berri, compra de equipo es­pecializado.

Debido a la situación económica del país, el monto asignado para 2010 se recortó a $146,499,999. El de 2011 parece que no ha llegado.

El viejo edificio que se uti­lizará como casa de gobierno es construcción de piedra, cantera y tabique, con 4,578 m2 en sus dos plantas y mez­zanine.

 
La restauración del edifi­cio destinado a oficinas com­prenderá: dirección general, direcciones de Investigación y Normatividad Archivísti­ca, Publicaciones y Difusión, Tecnologías de la Informa­ción, Sistema Nacional de Archivos y Unidad de Enlace.

Las obras complementa­rias serán: zonas de comedor, cocina y servicios; enferme­ría, oficina de sindicato; área de museo mural y usos múl­tiples.

Documentos cuida­dos, pero también quienes los usan
Se da prioridad a la arqui­tectura del paisaje, con 85% de árboles que presentan proble­mas sanitarios; los demás han sido mutilados.

El edificio técnico, en rea­lidad, es una nueva manera de ofrecer fachadas sobre Eduardo Molina y Albañiles las avenidas principales del entorno, con espacios ama­bles para ciudadanos, carác­ter verde y abierto
En el sector occidental estarán: catalogación y des­cripción; en el oriental labo­ratorios de reprografía; en el centro del edificio el soporte de cómputo y seguridad.

El nuevo edificio se plan­tea como una prótesis que apoya y soluciona carencias y problemas del edificio actual. Mecanismo destinado a su­plir y afrontar una situación de debilidad

En Sinaloa aún esta­mos en una balsa sin rumbo
Se logra un ahorro ener­gético: iluminación natural; producción de energía me­diante celdas fotovoltáicas (energía solar) en la cubierta del edificio de los depósitos documentales aprovechando sus 5,000 m2 de superficie.

Se establece un reciclaje de aguas de lluvia para sani­tarios y riego jardines.

Y en cuanto al calenta­miento en la envolvente del edificio, se han orientado las fachadas, y los espacios inte­riores tendrán baja incidencia térmica con ahorro de ener­gía.

Lo curioso de todo ello es que estando ya aprobada de vuelta por el Senado la Ley Federal de Archivos, la Cá­mara de Diputado aún no le da curso para su publicación.

Digamos, en cambio, que en Sinaloa ni siquiera hay ini­ciativa de ley que pondere la necesidad y organización de los archivos, por lo que la Ley de transparencia y de Acceso a la Información Pública na­vega en el piélago de la nada.

* Aguilera Murguía, Ramón y Jorge Nacif Mina, 2006, Los Archivos públicos; su organización y conserva­ción, Miguel Ángel Porrúa, México.

Pugnan por Ley Federal de Archivos

Fuente: http://portal.pulsopolitico.com.mx/2011/08/pugnan-por-ley-federal-de-archivos/

Especialistas de México, España, Colombia y Estados Unidos, debatirán respecto a los acervos sonoros, fotográficos, gráficos, de la palabra, mapotecas y videotecas de México, en el 5° Encuentro de Archivos del Distrito Federal, que se realizará del 24 al 26 de agosto, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

En conferencia de prensa, el coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural capitalino, José Vicente de la Rosa, informó que bajo el título “Los Archivos: memoria de los pueblos, patrimonio de la humanidad”, la reunión incluye la realización de 15 mesas y 71 ponencias a cargo de 85 especialistas de diversos países.

El funcionario cultural detalló que participarán los archivos históricos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Archivo General de la Nación, el “José María Basagoiti Noriega”, del Colegio de San Ignacio Loyola Vizcaínas, del Museo Nacional de las Culturas, de la Cámara de Diputados, y del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez”, del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros.

De la Rosa señaló que entre los temas que abordarán destacan: la ruta histórica de más de dos mil kilómetros “Camino Real de tierra adentro”, que recientemente fue declarada por la Unesco Patrimonio de Cultural; la historia de los archivos en México y metodologías archivísticas y técnicas de preservación y protección física del patrimonio documental, sólo por mencionar algunos.

El director de Archivo Histórico de la UNAM, Gustavo Villanueva Baz, dijo que este encuentro será ideal para que los profesionales que desempeñan labores de investigación y conservación de los archivos compartan sus experiencias y busquen resolver las problemáticas que existen en este rubro.

Subrayó que para este sector de profesionales, es de vital importancia que se concrete la Ley Federal de Archivos, con la que esperan se le dé una nueva visión e importancia a los archivos históricos.

Por su parte, el director de Archivos Históricos de la capital del país, Carlos Ruiz Abreu, apuntó que el nombre de esta quinta edición “Los archivos: memoria de los pueblos, patrimonio de la humanidad” parte de la idea de que a través de este cúmulo de documentos se puede conocer la historia de los habitantes de la Ciudad de México.

Mencionó que para poder ser parte de este encuentro durante la convocatoria se registraron más de 130 conferencias. Sin embargo, sólo fueron seleccionadas 71 ponencias, ya que algunas no tenían relación con el tema.

Otras quedaron fuera por cuestiones de espacio, pues sólo cuentan con tres días de actividades.

De la sede alterna que albergará el archivo histórico, Ruiz Abreu dijo que esperan que el próximo 2012 ya se tengan la designación del lugar, pues por el momento las autoridades del Centro Histórico les han ofertado espacios que no cumplen con las especificaciones necesarias para resguardar los cerca de 20 kilómetros lineales de documentos de 1929 al 2000, que próximamente les serán entregados.

Necesario contar con una Ley Federal de Archivos

Nota N°. 5556

Fuente:

http://www3.diputados.gob.mx

Palacio Legislativo 31-05-2011 (Notilegis).- Al inaugurar el Primer Encuentro de Archivistas de los Poderes de la Unión, el presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, Jesús Martínez Alcázar (PAN), se pronunció por impulsar una Ley Federal de Archivos para establecer la preservación, administración y acceso a la documentación que da cuenta del actuar institucional.

El diputado federal resaltó la importancia de resguardar los archivos de las dependencias como una memoria histórica que ayudará a tomar decisiones a futuro, ya que en el país se tiene poca cultura para guardar archivos de todas las áreas de las dependencias de gobierno, de partidos políticos y los tres poderes de la Unión.

“Nuestra cultura en México ha sido más bien la de no dejar huella o no dejar registros de las cosas cuando debe de ser una cultura que debe dejar archivado todo lo que acontece. Con este encuentro se sentarán las bases para dar la importancia que tiene”.

En su oportunidad, la Comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, Jacqueline Peschard Mariscal, dijo que a pesar de los avances para la recopilación de archivos históricos de las dependencias, falta mayor organización, ya que son un elemento para la lucha contra la impunidad y a favor del establecimiento de responsabilidades de preservación de la memoria colectiva.

De acuerdo a un estudio que realizó el IFAI en 2007, no hay condiciones que garanticen los archivos, ya que los responsables de resguardar la información no contaban con formación, había deficiencia de personal, informática y de inmuebles.

La funcionaria federal comentó que el encuentro busca conocer los avances y desafíos de los archivos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal; conocer los avances del uso y aplicación de las nuevas tecnologías para la administración y preservación de archivos a nivel internacional.

Los temas a tratar durante el evento serán: La gestión de los Archivos en el mundo: el caso español; las buenas prácticas archivistas; la tecnología y los archivos; las claves del fortalecimiento institucional de los archivos: experiencia de Colombia; la norma archivística a nivel estatal y sin una ley de archivos, escenario actual.

Necesaria una ley federal de archivos: CCQ

Fuente: http://www.cesarcamacho.org

Al dictar la conferencia “La importancia de una Ley Federal de Archivos”, en Monterrey, Nuevo León, César Camacho señaló que “la rendición de cuentas debe descansar en la existencia de archivos públicos, organizados y confiables, pues de otro modo, no se puede asegurar la integridad y disponibilidad de la información”.

El legislador mexiquense reconoció que aún no existe un eficiente marco normativo que regule la buena administración del patrimonio documental de la Nación, por lo que muchos documentos de interés públicos se encuentran desorganizados, deficientemente custodiados, escasamente difundidos y en riesgo de perderse, propiciando la opacidad de la información.

“Ante esta problemática –expresó- el Congreso de la Unión reformó el artículo 6º constitucional, para imponer a la Federación el deber de preservar la información en archivos administrativos actualizados”.

Además, dijo que la iniciativa sobre la Ley Federal de Archivos, que él presentó en septiembre de 2006, y cuyo dictamen se encuentra pendiente, “ha adquirido vital importancia, pues además de la inaplazable necesidad de contar con archivos actualizados, ahora se trata de una obligación de carácter constitucional, por supuesto ineludible”.

El Diputado Federal explicó que por medio de esta iniciativa se busca lograr la correcta organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, organismos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal; establecer una política en materia de archivos, para llevar a cabo la planeación de las actividades relacionadas con la clasificación, ordenación, conservación y difusión de los archivos; robustecer al Archivo General de la Nación, que pasaría a ser un organismo descentralizado; y establecer la vigilancia, responsabilidades y sanciones en materia de archivos, con el propósito de dotar a las autoridades de los mecanismos necesarios para hacer efectiva la Ley, previendo un recurso para que los particulares puedan hacer valer su derecho de acceso a la información.

Al reconocer el innegable avance de las tecnologías de la información en beneficio de la gestión gubernamental, César Camacho señaló que la iniciativa prevé un impulso a la conservación de los archivos a través de medios electrónicos.

Al concluir su participación en el foro organizado por la Nacional Security Archive, el Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, subrayó que “la falta de una legislación en materia de archivos, ha traído como consecuencia que las autoridades obstaculicen el derecho de acceso a la información, argumentando la inexistencia de documentos, lo cual es muy grave, pues la transparencia pierde su eficacia si no existe una ciudadanía libre de aprovechar sus virtudes”, y destacó que la labor de los servidores públicos “sólo puede ser evaluada mediante el acceso a la información”.

Historiadores solicitan aprobación de Ley Federal de Archivos

Fuente: http://www.justa.com.mx/?p=29421

Con el objetivo de que se decrete la Ley Federal de Archivos que hasta el momento se encuentra pendiente para su revisión y votación, el historiador Enrique Florescano envió a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados una carta para solicitar su aprobación.

La misiva, que se envió el pasado 7 de abril y cuenta con el respaldo de 194 historiadores, establece las disposiciones para organizar y conservar los archivos en posesión de las entidades públicas, establece la potestad del Archivo General de la Nación en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, fortalece a las áreas coordinadoras de los archivos gubernamentales y plantea la figura del Consejo Nacional de Archivos, el cual coordinaría el Sistema Nacional de Archivos.

Asimismo, se sugiere incluir un apartado para la recuperación o repatriación a México de documentos históricos y una cláusula sobre la donación de archivos y documentos históricos realizados por particulares o instituciones privadas.

Investigadores, a favor de la Ley Federal de Archivos

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx

Florescano dice que la ley “fortalece al Archivo General de la Nación como órgano rector de la archivística nacional y principal repositorio del acervo histórico de la administración pública federal”

El historiador Enrique Florescano asegura que con la aprobación de la Ley Federal de Archivos, actualmente en manos de la Cámara de Diputados para su revisión y votación, se establecerá un Consejo Nacional de Archivos que propondría directrices para homologar criterios archivísticos en México y desarrollar mejores prácticas.

En carta dirigida a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con fecha 7 de abril de 2011 y firmada por 194 estudiosos e investigadores de universidades e institutos y colegios del país, Florescano dice que la ley “fortalece al Archivo General de la Nación como órgano rector de la archivística nacional y principal repositorio del acervo histórico de la administración pública federal”.

En la carta recomiendan a los legisladores incluir un apartado o artículo que apoye la recuperación o repatriación de documentos históricos; y que haya una cláusula que reconozca la donación de archivos y documentos históricos de personas e instituciones privadas.

Dice que gracias a esta Ley, el AGN podrá evitar la salida de documentos patrimoniales de la nación o su destrucción, y podrá determinar las condiciones de infraestructura y recursos mínimos requeridos para que los archivos del gobierno federal conserven los documentos históricos para evitar su destrucción.

El historiador enumera cinco puntos esenciales que traería consigo la Ley, entre ellos: elevar su mandato, en vez de atribuciones otorgadas en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación; determinar que el AGN presida el Consejo Nacional de Archivos; darle personalidad jurídica y plena autonomía de gestión de sus recursos como órgano descentralizado y que el ejecutivo federal nombre al director del AGN.

La Ley establece la figura del Consejo Nacional de Archivos y las disposiciones que permitirán la organización y conservación de archivos a cargo del Archivo General de la Nación.