El 9 de junio en el Archivo General Histórico del Estado se efectuó un acto conmemorativo del Día Internacional de los Archivos, instituido por la UNESCO en 1948. Celebración que busca promover la importancia de los archivos como instituciones al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia. Muchos los invitados, poco los escogidos –como reza el evangelio— asistieron a una breve exposición de documentos que por sí mismos revelan su importancia para la memoria colectiva. Pero más que la exposición y los pronunciamientos por esta actividad, tan poco apreciada en las instancias públicas, sociales, empresariales y aun eclesiásticas de Sinaloa, lo relevante del acto fue la decisión colectiva de hacer una declaración abierta en pos del dictado de una Ley Estatal de Archivos, cuya ausencia tiene a esta tarea en la mayor de las inopias.
Ley Federal de Archivos, los Estados van lentos
Cierto es que a nivel federal, los archivos han sido elevados a rango constitucional, de una parte haciendo obligatorio de los tres poderes –federal, estatal y municipal-- su guarda y ordenación, y de obra conminando a los sujetos obligados a trabajar por su digitalización y su inclusión en la consulta informática.
Si bien la respuesta en la mayoría de la entidades de la República ha sido lenta, en Sinaloa se ha carecido de un interés institucional, debido a dos rezagos extenuantes: la ausencia de un interés del sector político, en virtud de que los archivos no ofrecen abierta e inmediatamente dividendos electorales; y, por supuesto, la no inclusión en los presupuestos públicos de partidas especiales para apoyar lo que da sustento documental a la memoria y la identidad históricas. Ello obstante que, en el discurso oficial se pregona el rescate de los valores humanos y sociales de la gestión archivística. Sólo en ocasiones, cuando éstos puedan ser usados como herramientas políticas de intereses trienales y sexenales, se le ha apoyado, sin continuidad alguna.
Sujetos obligados por la Constitución republicana
Para mayor formalidad de esta prescripción constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Archivos, aplicable, por supuesto, al Poder Ejecutivo, pero abriendo puertas técnicas, académicas y de participación de los demás poderes de la Unión. No sería honesto festinar ni mostrar como paradigma de perfección esta ley, pero sí enaltecer que en ella participaron los sectores involucrados, así historiadores, archivistas e informadores públicos, de donde viene la oportunidad de un desglose que contribuya a la expedición de la Ley Estatal que tanto se necesita.
Por supuesto, la ley hace énfasis en quienes deban operar los archivos y, sobre todo, quienes han de asumir la responsabilidad de conducirlos, requiriéndoles la capacidad técnica, intelectual, experiencial y solidez ética para ejercerla. Es decir, no cualquiera que se diga archivista, o porque haya sido empleado temporal de una causa como ésta, cumple el perfil con que los archivos deban dirigirse, así sean históricos o de trámite.
Entre tanto, aquí en Culiacán, al tiempo que se atisbada la oportunidad de apoyar la Ley de Archivos, un grupo de académicos maestros de la Facultad de Historia de la UAS, encabezados por su director Gustavo Aguilar Aguilar, hacía declaraciones públicas pidiendo "a soto voce" la cabeza del director de Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, para recomendar un candidato de su elección sin que haya ley que al respecto les encomiende tal oficio.
Ocho académicos desgastan sabiduría en acto dudoso
Los firmantes fueron doctores: Félix Brito Rodríguez, Eduardo Frías Sarmiento, Rigoberto Rodríguez Benítez, Sergio Arturo Sánchez Parra, Alfonso Martínez Barrera, y los maestros en ciencias Alfonso Mercado Gómez y Matías Lazcano Armienta. Dígase que se trata de un grupo de excelencia que le ha dado a la Facultad presencia y prestigio nacional; que ha trabajado con denuedo por rescatar, esclarecer y divulgar la historia de Sinaloa, aunque poco se les conoce de trabajo archivístico.
Honor, a quien honor merece. No se trata de especular si tal candidato es mejor o cumple los objetivos del puesto, que nadie, que se sepa, ha convocado para suceder al actual y llamar a elección de uno nuevo, en lo que historiadores, archivistas e informadores públicos deberán argumentar conveniencias y beneficios.
¿No sería mejor ocuparse de la Ley de Archivos?
Lo lamentable es que el grupo, con tan alta prosapia en que se les tiene, se desgaste en posiciones de poder, cuando ni siquiera han opinado en la urgencias de respaldar sus investigaciones con los archivos ni mucho menos en proponer que a la brevedad se dicte la consabida Ley que Sinaloa tanto necesita.
Lo propio, lo laudable sería que el ilustre parnaso de la historia sinaloense, sumara acciones y esfuerzos para apoyar al Ejecutivo del Estado para que el Congreso local analice, consulte y emita la susodicha ley.
Porque una Ley de Archivos en nuestro Estado tiene que redactarse de manera general para todos los actores y emisores de documentos, fijando responsabilidades, normas comunes y, particularmente, apoyando, al menos con la facultad de reunir o gestionar recursos para que en cada espacio público se cumplan los objetivos de informar con transparencia, credibilidad y oportunidad.
Si sólo nos asomáramos a los archivos municipales, ya tendríamos motivos para una cruzada estatal, institucional y académica para su rescate o formación a partir de los expedientes en trámite que son, en primera instancia, los que nutren a los archivos históricos, y hoy día los que más problemas generan para el acceso a la información pública.
Si, como fueron en lo uno, lo son en lo otro, dice un viejo dicho popular; queda abierta la oportunidad para que el grupo haga una breve pausa catártica y con las mismas ganas con que pagaron el desplegado e iguales recursos –si son más, tanto mejor--, publiquen un pronunciamiento para que a la mayor brevedad se dicte la Ley de Archivos.
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