El Senado aprobó este martes una reforma estructural a la Ley Federal de Archivos para homologar los registros en los tres niveles de gobierno.
MÉXICO, D.F.-El Senado aprobó este martes una reforma estructural a la Ley Federal de Archivos para homologar los registros en los tres niveles de gobierno; cerrar por completo la posibilidad de que el Estado mexicano pueda enfrentar un caso como el ocurrido con WeakiLeaks y agilizar la respuesta a las peticiones a través del IFAI.
Además, los senadores establecieron que aquellos archivos históricos que hayan superado los 30 años en calidad de “confidenciales”, puedan ser abiertos al público, sobre todo a los historiadores, dijeron.
Por primera vez, esta ley federal prohíbe y sanciona al servidor público que intente llevarse a casa estas bases de datos al dejar su cargo.
El apartado de sanciones de esta ley indica que nadie podrá extraer un banco de datos, pues incurrirá en “responsabilidad administrativa”, aunque no específica las sanciones.
Con esta reforma, el funcionario cometerá un delito cuando haga ilegible, extraiga, destruya, inutilice, altere, manche, raspe, mutile total o parcialmente y de manera indebida cualquier documento resguardado o calificado como histórico.
Esta ley es clave para agilizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, pues garantiza la localización y disposición expedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y de conservación de los archivos.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Murillo Karam, dijo que el ordenamiento da plena autonomía de gestión y personalidad jurídica al Archivo General de la Nación, que será un organismo descentralizado, rector de la actividad archivística, “algo que tiene que ver con el Estado y no con cualquier gobierno en turno”.
Además, la ley obliga a establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales en archivos, y a contribuir a la promoción de una cultura de revaloración de los archivos y su reconocimiento como eje de la actividad gubernamental.
Una vez que la nueva ley se publique en el Diario Oficial de la Federación, los funcionarios serán sancionados cuando extraigan documentos o archivos públicos de su recinto “para fines distintos al ejercicio de sus funciones y atribuciones”; transfiera a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de los archivos o documentos públicos; ponga en riesgo la integridad y la correcta conservación de los documentos históricos.
También se sancionará a quien “omita entregar algún archivo o documento bajo su custodia al separarse de su empleo, cargo o comisión”.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal Ávila, explicó que esta ley impedirá filtraciones como las ocurridas con los cables de WeakiLeaks.
Resaltó que en México ha habido un abuso de funcionarios que se quedan con archivos del Estado como si fueran personales y, en algunas ocasiones, venden este material histórico.
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