MÉXICO. Prevalece una inercia desesperante entre los preceptos legales para el acceso a la información y el objetivo de transparentar las cuentas públicas acumuladas en los acervos archivísticos. Más que imputar desgano a los operadores de tales preceptos, lo que priva podría resumirse en tres escollos:
Una incultura generalizada, entre quienes determinan el gasto público, hacia un reconocimiento utilitario de los archivos.
La falta de una aplicación metodológica que, apoyada con los recursos tecnológicos, convierten a la información en una consulta abierta desde el propio recinto del ciudadano.
El incumplimiento del precepto constitucional que obliga a la preservación de los acervos archivísticos, y a la necesaria coordinación y de mutuo reconocimiento entre los operadores de la transparencia y el acceso a la información pública.
Un encuentro para los desencuentros públicos
Mucho de ello se vio y comentó durante el Quinto Encuentro de Archivos del Distrito Federal (24 al 25 de agosto) que reunió a 12 instituciones culturales, académicas, archivísticas y oficiales, y a no menos de 75 ponentes. Aunque el tema central fue: "Los Archivos, Memoria de los Pueblos, Patrimonio de la Humanidad", centralizado en temas históricos y en particular "El Camino Real de Tierra Adentro", en las dos últimas mesas de trabajo, de las quince que se organizaron, la preocupación fue "Las Tecnologías de la Información en Archivos".
Mucho de ello se vio y comentó durante el Quinto Encuentro de Archivos del Distrito Federal (24 al 25 de agosto) que reunió a 12 instituciones culturales, académicas, archivísticas y oficiales, y a no menos de 75 ponentes. Aunque el tema central fue: "Los Archivos, Memoria de los Pueblos, Patrimonio de la Humanidad", centralizado en temas históricos y en particular "El Camino Real de Tierra Adentro", en las dos últimas mesas de trabajo, de las quince que se organizaron, la preocupación fue "Las Tecnologías de la Información en Archivos".
En lo general, lo que se advirtió fue una sensación de rezago ocasionada por innovaciones políticas, de cambios mediáticos e intereses sectoriales que, al olvidar el todo de los problemas, o por desfasarse de la realidad, se legisla con improvisación alterando el orden lógico de los hechos.
Por ejemplo, en el derecho a la información se olvida que sin archivos organizados no hay eficiencia en la localización de los expedientes públicos, por lo que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental difícilmente podrá cumplir sus objetivos.
Ante nuevas exigencias, letargo e indolencia
Lo impertinente es que desde hace más de medio siglo el país y la administración pública cambiaron sin una planeación integral; los archivos se quedaron en un letargo y no fueron adaptados a las nuevas exigencias.
De este modo, los archivos se fueron saturando convertidos en bodegas, sin personal capacitado, ni técnicos archivistas de selección y valoración, y mucho menos presupuestos adecuados. Se frenó el servicio archivístico y se generaron áreas de archivos muertos. Además, con las modernas tecnologías de producción y reproducción masiva de documentos, se provocó otro problema, como fue la explosión documental, ante lo cual fue ya difícil combatir sin las armas correspondientes.
Un ejemplo vivo y activo de esta situación lo es el Archivo General de la Nación (AGN) ahora sometido a un proceso de modernización para la preservación archivística y la actualización tecnológica.
El AGN, candidato a la rectoría nacional
Estudiosos de la materia, como lo son Ramón Aguilera y Jorge Nacif, ambos fundadores de la Escuela Mexicana de Archivos, al ponderar al AGN como rector de un probable sistema nacional de archivos, han dicho:
"En la era de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, el liderazgo en la organización de los archivos de México del AGN está sujeto a la tarea de asesoría y capacitación que proyecte en los archivos de la administración pública. Debe evitar convertirse en un auditor y si en un asesor cuyo objeto sea propiciar el derecho a la información y la rendición de cuentas, acciones que, a cuatro años de la publicación de los Lineamientos Generales en la materia (DOF 20.02.2004), no se han cumplido en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
"Al querer realizar un análisis sobre el papel y el liderazgo del AGN –indican- en la era de la transparencia y acceso a la información en México, no podemos dejar de indagar en la problemática que los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública han tenido que enfrentar, no sólo para cumplir con una ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, sino para establecer una organización interna que no se ha concretado en la realidad".
Depender de Gobernación es impropio y obsoleto
Los comentaristas reprochan que el AGN sea una dependencia más de la Secretaría de Gobernación y no tenga la suficiente autonomía para su funcionamiento ni las decisiones que competen a todo el gobierno.
- "Sus obligaciones –añaden- se encuentran inscritas en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en la sección III, con inicio en el artículo 48.
"Durante 24 años se ha mantenido el deseo de que el AGN pueda convertirse en el líder, en la cabeza rectora de los archivos administrativos e históricos que propicie el derecho a la información y una verdadera rendición de cuentas. Esto no ha sido entendido aún entre las autoridades gubernamentales, ni las de antes ni las de ahora, incluyendo, claro está, a las de la Secretaría de Gobernación, de quien depende el AGN".
La información pública, tragedia archivística
Propiciar y generar los medios para cumplir con el derecho a la información pública consagrado por el art 6° de la Constitución es parte de la esencia misma de un archivo nacional. "Por desgracia –enfatizan- parecería que ese derecho se convirtió en una tragedia archivística para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a partir del momento en que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental obligó a la organización de los archivos, reaccionando como si fuera una imposición y no una obligación, olvidando que mucho antes de que existiera una Ley de Transparencia ya se contaba con un marco jurídico en la materia que, al parecer, no se ha respetado en su totalidad".
Concluyentes, dicen los citados:
"Podemos observar que una de las causas para que el derecho a la información pública no se cumpla es que la administración pública ha descuidado la verdadera administración de documentos. Si analizamos el proceso de documentos que se genera en la gestión administrativa y el flujo de papeles que va de un lado a otro por las oficinas, se confirmaría que existe una reproducción irracional de documentos que, a la postre, crean duplicidad de funciones, saturación en el almacenamiento, ineficiencia y gastos inútiles (Aguilera y Nacif)* y evitan la localización expedita de los expedientes, proceso básico para la consulta pública en cualquier archivo".
El AGN se remodela y amplía sus horizontes
Ahora bien, ¿cual es por ahora la situación del AGN, y hacia dónde va su remodelación y ampliación?
En base a un proyecto renovador, el AGN ha demolido un edificio contiguo e iniciado la remodelación de lo que fue el Palacio de Lecumberri.
No dispone de espacio para recibir cerca de 100 km lineales de documentos históricos que actualmente se encuentran en archivos de concentración de la Administración Pública Federal.
Tampoco dispone de documentos del período posterior a 1950.
Miles de millones para gastarse en diez años
Al nuevo edificio para conservar, restaurar, organizar y administrar los acervos se le asignó una partida original de $1,437,580,120 para el período 2000-2010.
En el 2008 se planeó construir nuevo edificio en el predio adjunto de CONAFRUT por la carretera México-Toluca.
Se halló mejor ubicación en predio contiguo donde se hallaba RENAPO (Registro Nacional de Población).
Un nuevo proyecto se elaboró en 2009: $1,255,856,778 distribuidos en: 2009, $298,506,300; 2010, $629,946,382 y 2011, $327,404,096.
Apenas se trabaja en el proyecto ejecutivo
Se trabaja ya en proyecto ejecutivo con el monto de 2009. Comprende: demolición de RENAPO, restauración del Palacio de Lecumberri, compra de equipo especializado.
Debido a la situación económica del país, el monto asignado para 2010 se recortó a $146,499,999. El de 2011 parece que no ha llegado.
El viejo edificio que se utilizará como casa de gobierno es construcción de piedra, cantera y tabique, con 4,578 m2 en sus dos plantas y mezzanine.
La restauración del edificio destinado a oficinas comprenderá: dirección general, direcciones de Investigación y Normatividad Archivística, Publicaciones y Difusión, Tecnologías de la Información, Sistema Nacional de Archivos y Unidad de Enlace.
Las obras complementarias serán: zonas de comedor, cocina y servicios; enfermería, oficina de sindicato; área de museo mural y usos múltiples.
Documentos cuidados, pero también quienes los usan
Se da prioridad a la arquitectura del paisaje, con 85% de árboles que presentan problemas sanitarios; los demás han sido mutilados.
El edificio técnico, en realidad, es una nueva manera de ofrecer fachadas sobre Eduardo Molina y Albañiles las avenidas principales del entorno, con espacios amables para ciudadanos, carácter verde y abierto
En el sector occidental estarán: catalogación y descripción; en el oriental laboratorios de reprografía; en el centro del edificio el soporte de cómputo y seguridad.
El nuevo edificio se plantea como una prótesis que apoya y soluciona carencias y problemas del edificio actual. Mecanismo destinado a suplir y afrontar una situación de debilidad
En Sinaloa aún estamos en una balsa sin rumbo
Se logra un ahorro energético: iluminación natural; producción de energía mediante celdas fotovoltáicas (energía solar) en la cubierta del edificio de los depósitos documentales aprovechando sus 5,000 m2 de superficie.
Se establece un reciclaje de aguas de lluvia para sanitarios y riego jardines.
Y en cuanto al calentamiento en la envolvente del edificio, se han orientado las fachadas, y los espacios interiores tendrán baja incidencia térmica con ahorro de energía.
Lo curioso de todo ello es que estando ya aprobada de vuelta por el Senado la Ley Federal de Archivos, la Cámara de Diputado aún no le da curso para su publicación.
Digamos, en cambio, que en Sinaloa ni siquiera hay iniciativa de ley que pondere la necesidad y organización de los archivos, por lo que la Ley de transparencia y de Acceso a la Información Pública navega en el piélago de la nada.
* Aguilera Murguía, Ramón y Jorge Nacif Mina, 2006, Los Archivos públicos; su organización y conservación, Miguel Ángel Porrúa, México.
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